La Paradoja de la Despenalización: Cuando el "Menos Crimen" Esconde un Caos Ético y Social en Colombia

La frase "Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, habrá por definición menos crimen", pronunciada por Gustavo Petro, encierra una verdad lógica innegable. Sin embargo, su verdadera potencia reside en invitar a un análisis ético y jurídico profundo dado  el complejo entramado de la realidad colombiana. Esta afirmación, llevada a la práctica sin una profunda reflexión, ha revelado ser una peligrosa paradoja. Lejos de traer paz y seguridad, su aplicación superficial ha generado un preocupante aumento de la criminalidad, la impunidad y un caos institucional que socava la confianza en el Estado de derecho.

Desde una perspectiva filosófico-ética, la esencia del derecho penal no reside en la mera contabilidad de ilícitos, sino en la protección de bienes jurídicos fundamentales y en la salvaguarda del orden social. El crimen, en su sentido más profundo, es una afrenta a la dignidad humana y a la convivencia. Cuando una política, bajo el pretexto de "reducir el crimen", opta por la despenalización de facto o por la redefinición lingüística de conductas gravemente lesivas, se incurre en una irresponsabilidad ética monumental. El secuestro, por ejemplo, sigue siendo una flagrante violación de la libertad y la vida, independientemente de si se le denomina "retención". La eufemización del lenguaje no solo tiende a minimizar el sufrimiento de las víctimas, sino que también desdibuja la gravedad del acto, desensibilizando a la sociedad y al propio sistema judicial. Éticamente, esto es inaceptable, pues prioriza la apariencia estadística sobre la realidad del dolor humano.

En el ámbito de la filosofía del derecho y la jurisprudencia, la aplicación laxa de esta premisa choca directamente con principios cardinales. El principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege) exige que cualquier modificación en la tipificación delictiva sea clara, pública y ajustada a los fines del derecho penal. Cuando se establecen "pactos secretos" con la criminalidad, como se ha señalado en el caso de ciertas negociaciones con grupos delincuenciales, se vulnera la transparencia y la legitimidad del Estado. Estos acuerdos, al margen del escrutinio público, no solo generan impunidad al ofrecer beneficios sin garantías de sometimiento real a la justicia, sino que también socavan el principio de igualdad ante la ley. La percepción de que algunos criminales pueden evadir la plena rendición de cuentas, mientras los ciudadanos de a pie enfrentan todo el rigor de la ley, erosiona la confianza en el sistema y alimenta un profundo resentimiento social. La jurisprudencia, en su rol de garante de la coherencia y la aplicación justa del derecho, debería oponerse férreamente a cualquier práctica que deslegitime su función.

Las problemáticas actuales en Colombia, como el aumento de la inseguridad, el incremento del narcotráfico (evidenciado en el crecimiento de cultivos y exportaciones), y de la criminalidad en general, son un claro reflejo de las consecuencias de una aplicación desvirtuada de la frase. Si se relaja la persecución de delitos menores o se negocia con estructuras criminales sin desarticular su capacidad operativa y financiera, el resultado no es "menos crimen", sino una reconfiguración y empoderamiento de las redes delictivas. En el caso del narcotráfico, si las políticas de "paz" no conllevan una erradicación efectiva de los cultivos y una desarticulación de las rutas de exportación, se le está otorgando a la actividad ilegal una especie de salvoconducto, incentivando su expansión y profundizando la violencia asociada. La impunidad, en este contexto, actúa como un motor que impulsa la reincidencia y la diversificación del delito.

El argumento de que  "por definición habrá menos crimen" solo es válido si la sociedad acepta que el daño asociado a esas actividades deja de ser relevante o si se establecen mecanismos alternativos de control y reparación. Sin embargo, en la realidad colombiana, el secuestro, el hurto calificado y el narcotráfico siguen causando un daño inmenso a la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos. La aparente reducción de las estadísticas criminales, lograda a través de la redefinición o la impunidad, no solo son un engaño a la opinión pública, sino una abdicación del deber estatal de garantizar la seguridad y la justicia.

NARCOTRÁFICO

Cuando la frase se aplica al narcotráfico en el contexto de políticas de paz que implican beneficios a la criminalidad sin un compromiso serio de no seguir delinquiendo y sin una desarticulación efectiva de sus estructuras, se revelan varias fallas éticas graves:

1.     Fracaso en la Protección del Bien Común y la Seguridad Ciudadana:

·      Ética de la responsabilidad estatal: El deber primordial del Estado es proteger a sus ciudadanos y garantizar el bien común. Si las políticas de "paz" (o su implementación) resultan en un incremento de actividades delictivas (cultivos, exportación, violencia asociada) y en una mayor sensación de inseguridad, el Estado está faltando a su responsabilidad ética fundamental.

·      Priorización de intereses particulares sobre el interés general: Si los "pactos secretos" o los beneficios a los criminales (narcotraficantes, bandas, pandilleros) se dan a costa de la seguridad y el bienestar de la sociedad, se está priorizando el interés particular de los delincuentes sobre el interés general de la ciudadanía. Esto es éticamente inaceptable.

2. Erosión de la Justicia y la Legitimidad del Estado:

·      Principio de igualdad ante la ley: Otorgar beneficios desproporcionados a criminales o permitir su impunidad bajo el pretexto de la paz es una violación flagrante del principio de igualdad. Esto genera indignación social y la percepción de que hay "ciudadanos de primera" (criminales que negocian) y "ciudadanos de segunda" (las víctimas y los que cumplen la ley).

·      Deslegitimación del sistema de justicia: Cuando la sociedad percibe que el crimen paga, o que la justicia es selectiva y está al servicio de agendas políticas ocultas, la confianza en las instituciones (judiciales, policiales, políticas) se desmorona. Esto lleva a un "caos institucional", donde el derecho pierde su fuerza vinculante y moral.

·      Incentivo perverso al crimen: Si los criminales ven que el camino para obtener beneficios o impunidad es escalar la violencia y el narcotráfico para luego "negociar la paz", se está creando un incentivo perverso. La ética de las consecuencias (utilitarismo) aquí mostraría un resultado desastroso: en lugar de reducir el daño, lo estaríamos perpetuando o incrementando.

2.     Falta de Transparencia y Engaño a la Sociedad:

·      Deber de transparencia del gobierno: En una democracia, los acuerdos de paz, especialmente aquellos que involucran beneficios a criminales, deben ser transparentes y sometidos al escrutinio público. Un "pacto secreto" es éticamente cuestionable porque impide la rendición de cuentas, alimenta la desconfianza y priva a la sociedad de su derecho a conocer y evaluar las decisiones que afectan su seguridad y futuro.

·      Manipulación de la verdad: Si la narrativa de "menos crimen" se basa en la despenalización de facto o en la no persecución de actividades ilícitas (narcotráfico), mientras la realidad muestra un crecimiento de esas actividades, se está incurriendo en una manipulación de la verdad. Esto es una afrenta a la integridad ética del liderazgo político.

3.     Perpetuación de Estructuras Criminales y Violencia:

·      Conexidad con la violencia: El narcotráfico no es un crimen "limpio"; está intrínsecamente ligado a la violencia, la extorsión, la corrupción y el control territorial. Si las políticas de paz permiten que estas estructuras persistan (por ejemplo, al no desmantelar sus redes financieras o al permitirles mantener el control de los cultivos), el "menos crimen" es una ficción.

·      "Puerta giratoria" de la criminalidad: Si los beneficios a los criminales no implican una verdadera desmovilización, desarme y reintegración (DDR), o si los acuerdos son incumplidos, se crea una "puerta giratoria" donde los mismos actores criminales reinciden o nuevas generaciones entran al negocio, viendo que es una vía rentable y, eventualmente, negociable.

4.     Impacto en la Confianza Internacional y la Soberanía:

·      Compromisos internacionales: Colombia tiene compromisos internacionales en la lucha contra el narcotráfico. Si las políticas internas se perciben como un debilitamiento de esta lucha, puede afectar las relaciones diplomáticas y la cooperación con otros países, lo que a su vez tiene implicaciones económicas y de seguridad.

·      Narcodemocracia o narcocracia: Si el poder del narcotráfico se institucionaliza o se le da una especie de estatus político bajo el pretexto de la paz, se corre el riesgo de erosionar la soberanía del Estado y de derivar hacia una narcodemocracia, donde el poder criminal influye indebidamente en las decisiones políticas.

Como reflexión final, la frase analizada, si bien lógicamente simple, se convierte en un arma de doble filo en la política criminal. Su aplicación pragmática en Colombia, bajo el pretexto de una "paz total" sin claridad ni transparencia, ha evidenciado una profunda crisis ética y jurídica. El "menos crimen" por definición ha resultado en una mayor victimización, una expansión de las economías ilícitas y una erosión de la legitimidad institucional. Para que cualquier política de despenalización o redefinición de delitos sea éticamente justificable, debe estar arraigada en la protección del bien común, la transparencia, la rendición de cuentas y la garantía de justicia para las víctimas, y no en la mera manipulación estadística o en pactos que sacrifican la seguridad ciudadana por una paz ilusoria. La sociedad colombiana exige no solo menos crímenes en el papel, sino un compromiso real del Estado con la seguridad, la legalidad y la justicia.